El PSOE reclama corregir las irregularidades de la Zona de Bajas Emisiones tras las advertencias del Procurador del Común

El Procurador del Común cuestiona la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones del PP y abre la puerta a su suspensión por posible nulidad.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha valorado la resolución del Procurador del Común de Castilla y León en la que insta al Ayuntamiento a revisar en un plazo máximo de cuatro meses la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para comprobar si cumple las exigencias legales y jurisprudenciales, tanto desde el punto de vista formal como material, y abre la posibilidad de suspender su aplicación si se detectan vicios procedimentales o sustanciales.

“La ZBE del PP queda en entredicho tras la resolución del Procurador del Común que viene a decir lo mismo que llevamos diciendo desde el primer momento, que esta ordenanza se ha aprobado sin la base técnica, jurídica y social necesaria”, señala el portavoz socialista José Luis Mateos.

La resolución recoge que el Ayuntamiento debe evaluar si la ordenanza cumple las exigencias legales y las derivadas de la jurisprudencia señaladas por el Procurador y, como resultado de esa evaluación, proceder a suspender su aplicación y subsanar los defectos detectados, una advertencia que, según el PSOE, evidencia la debilidad del planteamiento del equipo de Gobierno.

El concejal socialista Chema Collados recuerda que la resolución “coincide con las alegaciones y advertencias realizadas por el PSOE donde ya se advertía de la falta de datos sobre calidad del aire, de una delimitación coherente de la ZBE, de estudios económicos y de una ausencia real de participación ciudadana”.

Collados explica que ya alertaron de que la ZBE aprobada por el PP “carece de datos específicos sobre la calidad del aire que justifiquen la necesidad y proporcionalidad de las medidas, no cumple con el contenido mínimo exigido por el Real Decreto 1052/2022 y presenta una delimitación arbitraria que deja fuera zonas con elevada contaminación, además de aplazar sus efectos reales hasta 2029 y 2039”.

Asimismo, el Procurador del Común constata que la ordenanza se aprobó sin contar previamente con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que respaldara la delimitación y el diseño de la ZBE, lo que genera inseguridad jurídica y puede conducir a su nulidad, tal y como el PSOE ya advirtió en el Pleno del pasado mes de diciembre: «Salamanca lleva doce años con el mismo Plan de Movilidad, totalmente desactualizado, además durante la última década han surgido nuevas formas de desplazamiento y se han implantado normativas obligatorias como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), realidades que el documento vigente no contempla”.

La resolución del Procurador del Común constata que, en el momento de aprobarse la ordenanza, el Ayuntamiento no disponía de datos específicos sobre la calidad del aire en Salamanca que permitieran justificar la necesidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas adoptadas. También señala que durante el procedimiento de consulta pública no se sometió a información el proyecto técnico de delimitación y diseño de la ZBE, exigido por el Real Decreto 1052/2022, lo que pudo impedir que vecinos y colectivos afectados conocieran y se pronunciaran sobre los fundamentos técnicos de las restricciones previstas.

Desde el PSOE reiteran que apoyan la Zona de Bajas Emisiones porque significa “mejora de la calidad del aire y mejor salud para los salmantinos”, pero exigen que se haga de manera correcta, respetando los procedimientos legales, y reclaman la revisión de la ordenanza.

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