Los socialistas denuncian cinco años de retraso y señalan peatonalizaciones sin orden, carriles bici inconexos, obras duplicadas y un transporte urbano con importantes deficiencias.
Los concejales socialistas consideran “discriminatorio” que solo se permita el subir por la rampa a quienes van en silla de ruedas y no a las demás personas con problemas de movilidad.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca vuelve a exigir que se permita el uso de la rampa de los autobuses urbanos a todas las personas con movilidad reducida. Para los socialistas, la postura del Gobierno municipal del Partido Popular, que impide el uso de la rampa a las personas que no vayan en silla de ruedas, discrimina a quienes caminan con dificultad o hacen uso de andadores.
Los socialistas recuerdan que el 19 de septiembre de 2024 el Procurador del Común de Castilla y León emitió una resolución en la que consideraba esta práctica “una clara limitación del derecho a un desarrollo igualitario de la movilidad” y exigió al Ayuntamiento cambiar el criterio “a favor de la no discriminación”.
“Para quienes caminan con dificultad, el pequeño escalón hasta la puerta del autobús puede ser un obstáculo insalvable. Poder usar la rampa supondría para estas personas un gran avance en seguridad”, defiende el concejal socialista Chema Collados.
Pese a que de manera formal el Gobierno municipal ha comunicado al Procurador del Común que acepta la resolución, ha afirmado que continuará aplicando el mismo criterio restrictivo. El Partido Popular se escuda en que las rampas están diseñadas para sillas de ruedas o carritos de bebé, pero no para personas que necesitan bastones o andadores.
Para los socialistas, esta justificación carece de fundamento. Recuerdan que el colectivo de las personas con movilidad reducida no se limita a quienes utilizan silla de ruedas. La resolución del Procurador del Común establece que la población con movilidad reducida está constituida por todas aquellas personas cuya movilidad está limitada debido a cualquier discapacidad (permanente o temporal) o a su edad. Por tanto, aseguran, debe facilitarse el acceso al autobús a todas ellas.
“Si la rampa instalada es insegura para la población con movilidad reducida, la obligación del Ayuntamiento es mejorar el material, no negarle el acceso a quien lo necesita para subir. De hecho, en otras ciudades sí que permiten el uso de la rampa en estos casos y con autobuses similares, así que es evidente que se trata de una decisión política, no técnica”, defiende Collados.
El PSOE resalta, además, que dejar la decisión de usar la rampa o no a discreción del conductor del autobús está generando a una diversidad de comportamientos que no puede darse en un servicio público. Los socialistas insisten en que no se debe permitir que la garantía de un derecho dependa de la “actitud personal” del trabajador, sino de un protocolo claro. “Las personas afectadas llegan a la parada del autobús sin saber si el conductor de turno les dejará subir por la rampa o no”.
Los concejales socialistas exigen al Gobierno municipal del PP que reconsidere el criterio y aplique íntegramente las recomendaciones del Procurador del Común para que ninguna persona sea discriminada en el acceso al autobús urbano.
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