Los socialistas denuncian que muchos aseos “no están operativos o no se adaptan a la vida real de la ciudad” y proponen reinvertir los ingresos por sanciones en dar una solución a este problema.
Los socialistas alertan de que la falta de medios en el servicio acaba repercutiendo en peores parques y jardines para la ciudadanía, mientras el Ayuntamiento rebaja la sanción a la empresa concesionaria.
Los socialistas reclaman agilizar las inspecciones de los inmuebles incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos para evitar daños mayores.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca presentará una moción para revisar y adaptar los protocolos de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en los inmuebles incluidos en el Catálogo de Elementos, especialmente en los Bienes de Interés Cultural (BIC), con independencia de su titularidad, con el objetivo de agilizar los plazos de inspección y evaluación y evitar el deterioro del patrimonio histórico de la ciudad.
La iniciativa surge tras las reiteradas incidencias detectadas en distintos edificios patrimoniales y después de que el Grupo Socialista denunciara hace meses el estado de conservación de varios inmuebles mediante un mapa interactivo del patrimonio deteriorado en Salamanca: https://www.psoeaytosalamanca.es/mapa-patrimonio-salamanca/
La concejala socialista Elvira Sánchez ha advertido de que en la ciudad existen “heridas que no sangran, pero que duelen”, en referencia al deterioro progresivo de algunos edificios históricos.
Entre los ejemplos, los socialistas citan el conocido edificio de las Tres Culturas, cuyo estado de conservación es visible para cualquier persona que pase por delante, así como otros inmuebles históricos de la ciudad. También han señalado grietas visibles en la iglesia de San Martín, zócalos deteriorados en edificios protegidos como el Palacio de Monterrey, y fachadas que requieren mantenimiento.
Para el Grupo Socialista, estos problemas evidencian la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión del patrimonio histórico de Salamanca. “Muchas veces parecen detalles pequeños, pero dejan de serlo cuando pasan los años sin actuar”, ha señalado Sánchez.
Por ello, la moción plantea revisar los protocolos de inspección de los edificios incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos, adaptándolos a las particularidades de estos inmuebles y reduciendo de forma significativa los tiempos de tramitación, evaluación y resolución de las inspecciones.
Asimismo, el PSOE propone reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento y el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de mejorar la vigilancia y protección del patrimonio histórico.
Desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que la conservación del patrimonio no puede depender de procedimientos que se prolongan durante años, ya que el paso del tiempo agrava los problemas estructurales y aumenta el riesgo de deterioro.
“Cuando nuestro patrimonio se abandona, no pierde solo un edificio. Perdemos ciudad, perdemos historia y perdemos todos”, ha concluido Elvira Sánchez.
Los socialistas advierten de que la actualización de la renta eleva el coste del alquiler del antiguo convento casi al millón de euros, mientras el edificio sigue cerrado y sin uso.
Los socialistas respaldan la movilización del pasado 21 de febrero en defensa de la sanidad pública y reclaman mejoras urgentes en Salamanca.
Los concejales socialistas reclaman más transparencia en la elección de las empresas y una evaluación real del impacto de los programas.
Los socialistas consideran que permitiría limitarlas, priorizar edificios completos y evitar la saturación de determinados barrios, protegiendo así la función residencial y la convivencia vecinal.
Los socialistas reclaman financiación autonómica, un plan director y un mantenimiento permanente al Ayuntamiento para garantizar la conservación de uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad
Los concejales socialistas reclaman un informe jurídico para evitar posibles anulaciones judiciales y advierten de que la ZBE debe suspenderse si el resultado es desfavorable.
El Procurador del Común cuestiona la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones del PP y abre la puerta a su suspensión por posible nulidad.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha valorado la resolución del Procurador del Común de Castilla y León en la que insta al Ayuntamiento a revisar en un plazo máximo de cuatro meses la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para comprobar si cumple las exigencias legales y jurisprudenciales, tanto desde el punto de vista formal como material, y abre la posibilidad de suspender su aplicación si se detectan vicios procedimentales o sustanciales.
“La ZBE del PP queda en entredicho tras la resolución del Procurador del Común que viene a decir lo mismo que llevamos diciendo desde el primer momento, que esta ordenanza se ha aprobado sin la base técnica, jurídica y social necesaria”, señala el portavoz socialista José Luis Mateos.
La resolución recoge que el Ayuntamiento debe evaluar si la ordenanza cumple las exigencias legales y las derivadas de la jurisprudencia señaladas por el Procurador y, como resultado de esa evaluación, proceder a suspender su aplicación y subsanar los defectos detectados, una advertencia que, según el PSOE, evidencia la debilidad del planteamiento del equipo de Gobierno.
El concejal socialista Chema Collados recuerda que la resolución “coincide con las alegaciones y advertencias realizadas por el PSOE donde ya se advertía de la falta de datos sobre calidad del aire, de una delimitación coherente de la ZBE, de estudios económicos y de una ausencia real de participación ciudadana”.
Collados explica que ya alertaron de que la ZBE aprobada por el PP “carece de datos específicos sobre la calidad del aire que justifiquen la necesidad y proporcionalidad de las medidas, no cumple con el contenido mínimo exigido por el Real Decreto 1052/2022 y presenta una delimitación arbitraria que deja fuera zonas con elevada contaminación, además de aplazar sus efectos reales hasta 2029 y 2039”.
Asimismo, el Procurador del Común constata que la ordenanza se aprobó sin contar previamente con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que respaldara la delimitación y el diseño de la ZBE, lo que genera inseguridad jurídica y puede conducir a su nulidad, tal y como el PSOE ya advirtió en el Pleno del pasado mes de diciembre: «Salamanca lleva doce años con el mismo Plan de Movilidad, totalmente desactualizado, además durante la última década han surgido nuevas formas de desplazamiento y se han implantado normativas obligatorias como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), realidades que el documento vigente no contempla”.
La resolución del Procurador del Común constata que, en el momento de aprobarse la ordenanza, el Ayuntamiento no disponía de datos específicos sobre la calidad del aire en Salamanca que permitieran justificar la necesidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas adoptadas. También señala que durante el procedimiento de consulta pública no se sometió a información el proyecto técnico de delimitación y diseño de la ZBE, exigido por el Real Decreto 1052/2022, lo que pudo impedir que vecinos y colectivos afectados conocieran y se pronunciaran sobre los fundamentos técnicos de las restricciones previstas.
Desde el PSOE reiteran que apoyan la Zona de Bajas Emisiones porque significa “mejora de la calidad del aire y mejor salud para los salmantinos”, pero exigen que se haga de manera correcta, respetando los procedimientos legales, y reclaman la revisión de la ordenanza.
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